En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece que ciertas actividades económicas son consideradas Actividades Vulnerables debido a que pueden ser utilizadas como medio para el lavado de dinero o la financiación ilícita.
¿Qué se considera una actividad vulnerable?
Se trata de operaciones comerciales o profesionales que, por su naturaleza, pueden ser aprovechadas para que dinero de procedencia ilícita ingrese al sistema financiero aparentando legalidad.
Algunos ejemplos son:
- Juegos con apuesta, sorteos y concursos
- Comercialización de joyas, metales preciosos y relojes
- Construcción o desarrollo de bienes inmuebles
- Venta de obras de arte o subastas
- Comercialización de vehículos marítimos, aéreos o terrestres
- Servicios de blindaje de autos o inmuebles
- Traslado y custodia de valores y dinero
- Servicios de fe pública o recepción de donativos
- Agentes o apoderados aduanales
- Proveedores de activos virtuales
Obligaciones principales
Las empresas o profesionales que realizan estas actividades deben cumplir con una serie de obligaciones legales, entre ellas:
- Registrarse como Actividad Vulnerable en el portal del SAT.
- Identificar y verificar la identidad de clientes y usuarios.
- Solicitar información sobre la actividad u ocupación del cliente.
- Indagar sobre la existencia del beneficiario final.
- Resguardar la información de soporte de las operaciones.
- Presentar avisos en tiempo y forma.
- Contar con lineamientos internos de cumplimiento.
- Facilitar las visitas de verificación de la autoridad.
El cumplimiento se realiza a través del Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT: https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html
Alta y baja en el portal
- Alta: debe realizarse al iniciar de manera habitual o profesional una Actividad Vulnerable y cuando la primera operación supere los umbrales establecidos.
- Baja: se lleva a cabo al dejar de realizar la actividad.
¿Por qué es importante?
Cumplir con estas obligaciones no solo evita sanciones y multas, también protege a las empresas de ser utilizadas como vehículos para operaciones ilícitas. En MZA apoyamos a nuestros clientes en el cumplimiento normativo, asegurando que sus operaciones se mantengan transparentes y alineadas a la ley.